• La secretaria de tesorería del Sindicato Independiente de Trabajadores y Trabajadoras de Gobierno del Estado, Francisca Reséndiz Lara denunció públicamente que el gobernador, Ricardo Gallardo Cardona atenta contra la libertad sindical, al usar prácticas ilegales para obligar a sus integrantes, a renunciar a tal organismo gremial.
• Por lo que ampliará la denuncia que se presentó el 21 de julio ante la Organización Internacional del Trabajo, por seguir violando los Convenios 87, 98, 111 y 190, así como la ley federal del trabajo con sus actos ilícitos.
• Reveló que persiste la persecución política en su contra por parte del gobierno estatal, con violencia de género en campañas de desprestigio y escarnio público, en medios de comunicación del gobernador y a otros a los que les paga, por lo que pedirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos medidas precautorias para salvaguardar su integridad.
• Dio a conocer que también el poder ejecutivo del estado quiere apropiarse de bienes inmuebles del SITTGE, alegando que un predio es propiedad del estado, cuando es propiedad sindical, cumpliendo con toda la documentación legal que lo ampara.
El Sindicato Independiente de Trabajadores y Trabajadoras de Gobierno del Estado (SITTGE) denunció públicamente al gobernador, Ricardo Gallardo Cardona por atentar contra la libertad sindical de sus integrantes, al incurrir en actos ilegales para forzarlos a renunciar al organismo gremial, y a sus propios derechos laborales, con el fin de destruir la representación laborista, además de buscar apropiarse de sus bienes inmuebles, denunció su secretaria de tesorería, Francisca Reséndiz Lara.
En conferencia de prensa, señaló que por tales conductas ilícitas, que de facto proscriben al SITTGE en la entidad potosina, ampliarán la denuncia que se presentó ante la Organización Internacional del Trabajo el pasado 21 de julio por abusos laborales del gobierno del estado en contra de sus empleadas y empleados, porque el mandatario estatal sigue violando los Convenios 87, 98, 111 y 190 firmados por nuestro país ante dicho organismo mundial, así como el artículo 133 de la Ley Federal del Trabajo.
De igual manera, Reséndiz Lara reveló que persiste la persecución política en su contra, con actos de violencia de género en campañas de desprestigio y escarnio público en medios de comunicación, propiedad del mandatario estatal, y en otros a los que les paga, “en donde cada vez escalan más los insultos, agresiones, burlas y denostaciones, violentando mi humanidad y mis derechos humanos, violentando mi integridad como mujer”, por defender los derechos de las y los trabajadores estatales.
Ante ello, anunció que pedirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos instaure medidas precautorias, para salvaguardar su integridad física, moral y patrimonial, así como la de su familia, colaboradores, e integrantes del Sindicato, por el peligro que corre “ante la infamia y abusos que comete el gobernador en mi contra” por el acoso y amedrentamiento que ejerce en forma permanente, pues refirió que el pasado ocho de junio presentó una queja, que le fue aceptada por dicha comisión.
Dio a conocer que el gobierno estatal también busca apropiarse de los bienes inmuebles del SITTGE, al propagar que el predio ubicado entre las calles de Simón Bolívar y Pascual M. Hernández, está en comodato con el organismo gremial, es decir que sería propiedad del poder ejecutivo del estado, por lo que aseguró que tal versión es falsa, porque aclaró que tal terreno, es de las y los trabajadores, quienes lo pagaron con sus recursos propios, así como con los fondos estatales que corresponden al sindicato.
“No vamos a permitir que nos despojen de nuestros bienes, nunca nos vamos a dejar, porque tenemos todos los documentos en regla, que amparan legalmente que somos dueños de ese terreno y de los edificios que ocupamos”, destacó al señalar que Gallardo Cardona cuando fue edil de Soledad de Graciano Sánchez se apropiaban de predios ajenos, igual que su tutor cuando ocupó el mismo cargo y luego lo hizo en la capital del estado.
Explicó que a pesar de que el gobierno estatal, se comprometió a resolver todas las demandas laborales generales y particulares, incluidas en la minuta que se firmó el ocho de abril, se niega a cumplirla, “y aunque sé que al señalar todo esto, me expongo más al escarnio público, a través de los medios de comunicación propiedad del mandatario, y a los que les paga, señaló que el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona no tiene palabra”, pues con pretextos evade su responsabilidad, añadió.
Indicó que los funcionarios que signaron el referido documento, propagan la mentira de que ya cumplieron con tales compromisos, lo que afirmó es falso, pues preciso que se han tenido avances mínimos en la atención a la minuta “sin llegar a los asuntos sustanciales”, además de que afirman que sí hay diferencias entre el gobierno estatal y las y los trabajadores afiliados al SITTGE, se deben dirimir ante los tribunales laborales, cuando éstos, son manejados directamente por el mandatario estatal.
“No aceptamos un gobierno estatal que no respeta los derechos humanos y laborales de sus propias empleadas y empleados, que se dedica a denostarlos, hostigarlos y amedrentarlos en cada dependencia y entidad, por el solo hecho de pertenecer a nuestro sindicato, que desde el inicio de la actual administración los privó del empleo digno, y los acusa, sin prueba alguna, de todos los males que tiene la administración estatal, y quiere obligarlos a laborar en condiciones inhumanas”, destacó.
Reséndiz Lara refirió que el gobernador quiere obligar que renuncien las y los integrantes del SITTGE, mediante amenazas directas “y la compra de la dignidad”, porque se ensañan con los que tienen situaciones económicas apremiantes por no recibir sueldo por más de diez meses, a quienes, en oficialía mayor, les ofrecen pagar sus salarios actuales, no los pasados, con la condición de retirarse del organismo gremial y acusarlo de presuntos actos de corrupción, aceptándolo, les liberan el dinero.
Con lo que en los hechos proscribe al SITTGE en la entidad, al querer desaparecerlo, pues añadió que también en forma ilegal, el gobernador ha dejado de pagar el sueldo a integrantes del Comité Ejecutivo del Sindicato, sin justificación alguna, alegando que no les dará su salario por haber participado en las mesas de trabajo que se realizaron con la autoridad estatal, representando a las y los agremiados, lo que viola todo el marco legal laboral nacional y convenios con organismos laboristas internacionales.
Además de que Gallardo Cardona “coarta abiertamente las libertades de petición, organización, manifestación y expresión, con el garrote como única ley admisible, criminalizando cualquier acción de protesta cómo delito, porque a nosotros nos avienta todo el poder de la fuerza pública cuando levantamos la voz, basando su autoridad en la generación de órdenes de aprehensión en contra de quien disiente de su gobierno, seamos sindicalistas, o periodistas, nos amenaza con la cárcel”, añadió.
