La Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) tuvo que trasladar un avión de su propiedad, que por décadas había permanecido estacionado en México ante cualquier eventualidad, debido a que recientemente autoridades mexicanas rescindieron su plaza de estacionamiento, confirmaron tres fuentes estadounidenses.
El retiro de la aeronave representó un nuevo “golpe” a la cooperación conjunta entre México y Estados Unidos en materia de combate al narcotráfico, pues ésta se ha visto deteriorada en los últimos años con el arribo al poder del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
La DEA había tenido su propia aeronave en Toluca, cerca de la Ciudad de México, por lo menos desde principios de la década de 1990, para llevar a cabo misiones contra los cárteles y transportar agentes estadounidenses y unidades de élite para la supervisión de operativos sensibles.
El avión que acaba de ser retirado, un King Air de doble turbohélice con capacidad para más de 10 personas, desempeñó un papel clave en la captura de algunos de los capos de la droga más poderosos del mundo y fue utilizado en operativos contra Joaquín El Chapo Guzmán. También sirvió para las operaciones de la DEA en Centroamérica.
De acuerdo con un funcionario del gobierno estadounidense, así como de dos fuentes de seguridad familiarizadas con el tema, el avión ya fue trasladado a Texas. Los tres pidieron el anonimato debido a que ninguno está autorizado a hablar al respecto.
“Esto hará que las cosas se detengan. No podemos atravesar partes de México. Es demasiado peligroso”, dijo una de las fuentes de seguridad familiarizadas con las operaciones de la DEA.
La DEA declinó hacer comentarios sobre el asunto y tanto la Fiscalía General de la República (FGR) como la oficina del presidente López Obrador guardaron silencio ante las solicitudes de información de la agencia Reuters.
El traslado de la aeronave amenaza con socavar los esfuerzos de Estados Unidos en el combate al crimen organizado en territorio mexicano, y también corre el riesgo de retrasar las extradiciones de capos de alto rango.
Se trata de otro ejemplo de las fisuras en la relación entre la DEA y el gobierno de México desde que López Obrador llegó al poder en 2018, cuando prometió adoptar un enfoque menos hostil para combatir el crimen organizado.
México disolvió el año pasado una selecta unidad antinarcóticos que durante un cuarto de siglo trabajó mano a mano con la DEA para combatir a los cárteles.
