Tanto el gobierno del estado de Chihuahua, como del municipio de Juárez (de extracción panista y morena-panista respectivamente), se deslindaron de cualquier responsabilidad en torno a la muerte de 39 migrantes, en un incendio dentro del Instituto Nacional de Migración (INM), registrado la noche del lunes en esta entidad.
Además otros 29 migrantes quedaron gravemente lesionados, se dio luego que las autoridades locales en coordinación con estatales y federales, realizaron durante el lunes, una redada para sacar de las calles y cruceros de Ciudad Juárez a los migrantes hombres que piden apoyo a los habitantes de esta frontera.
En protesta por haber sido detenidos y encerrados en oficinas del INM, los migrantes, 68 hombres en total, prendieron fuego a muebles y colchones, lo que derivó en una conflagración que acabó con la vida de 39 de ellos y que 29 fueron trasladados en estado grave a varios hospitales.
En respuesta luego de la tragedia, el Gobierno de Chihuahua emitió un comunicado en el que lamenta los hechos y manifiesta su total apoyo a las autoridades federales, “el Estado ha brindado desde el primer momento todo el apoyo requerido y necesario, para atender a las víctimas y/o familiares de estas, partiendo de la premisa de que es en momentos como este cuando se necesita más la solidaridad y el trabajo conjunto”.
La información manejada por el gobierno estatal difiere un poco de la del gobierno federal, ya que Chihuahua reportó como saldo 68 víctimas originarias de Centro y Sudamérica, al revelar que, “15 mujeres fueron evacuadas sin lesiones y serán llevadas a Janos, con lo que suma un total de 83 personas migrantes y 7 empleados evacuados”.
