En Sesión Ordinaria, se aprobó por mayoría que la LXIII Legislatura del Congreso del Estado exhorta a la Guardia Nacional, a la brevedad firmar convenio de coordinación y colaboración para realizar acciones en materia de seguridad pública en carreteras de jurisdicción federal; asimismo, en tanto se firma e inicia ejecución de éste, y ante el creciente flujo vehicular en las carreteras de jurisdicción federal de nuestra entidad, que dicha Guardia Nacional implemente operaciones y mecanismos necesarios de vigilancia, protección y atención inmediata en los servicios auxiliares de siniestros carreteros, con el fin de proteger la vida y la integridad física de las personas en sus desplazamientos dentro del Estado de San Luis Potosí.
En la exposición de motivos del exhorto, promovido por el legislador Edmundo Torrescano Medina, se señala que el número de accidentes vehiculares en la carretera 57 va al alza y solo basta con mirar los datos expuestos para ver cuál es la realidad en las carreteras federales.
Es importante señalar que esta es una responsabilidad compartida en la que todos los actores estamos involucrados, ya que cada uno tiene un rol y cada caso es muy diferente. Por tal motivo resulta indispensable aplicar un programa de respuesta inmediata ante los accidentes que se susciten en esta temporada alta de flujo.
Otros dictámenes
Se aprobó por unanimidad la Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado exhorta a la Secretaría Estatal de Salud, continuar con pruebas gratuitas de antígeno a quienes presenten sintomatología respiratoria; así como al reforzamiento de campañas y medidas preventivas contra el SARS-COV-2 y sus variantes en San Luis Potosí.
Esto debido a que es necesario mantener las acciones de prevención y atención por COVID-19, con medidas precautorias para la población en general, que deberán sumarse a las ya existentes por parte de este sector.
Por unanimidad, se aprobó el Decreto que reforma los artículos, 3° en sus fracciones, VII, y IX, y 23 en su fracción II; y adiciona a los artículos, 3° la fracción X, y 4° la fracción XVIII BIS de la Ley Agrícola para el Estado de San Luis Potosí, con el objetivo de incorporar el concepto de Seguridad Alimentaria, entendido como el abasto oportuno, suficiente e incluyente de alimentos a la población.
Además de que se establece dentro del capítulo de sistemas producto, el que determina la integración de los productores agrícolas y su participación en el proceso de producción-consumo.
Por mayoría, se aprobó la reforma el artículo 54 en su párrafo segundo de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de San Luis Potosí, para fijar los límites de la temporalidad en relación con la obligación de pagar los conceptos relacionados con la indemnización a que tienen derecho en su caso, los integrantes de las instituciones de seguridad, con lo que se atiende por una parte el derecho de esas personas a recibir un pago justo, y por otra parte se atiende el cuidado de las partidas presupuestales a cargo del Estado en sus diferentes órdenes de gobierno.
De esta manera, se indica que “En caso de que la autoridad jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, baja, cese o cualquier forma de terminación el servicio fue injustificada, las instituciones de seguridad pública deberán pagar a los cuerpos de seguridad pública, una indemnización de tres meses de salario y veinte días por cada año de servicio, y demás prestaciones a que tenga derecho, entendidas éstas como el sueldo base, así como los beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones, o cualquier otro concepto que percibía el servidor público por la prestación de su servicio, hasta por un periodo máximo de seis meses”.
También, se aprobó por unanimidad que la Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado se adhiere a exhorto del Parlamento de Hidalgo, al Senado de la República para que, en el ámbito de su competencia y, a través de las comisiones unidas de Salud y, Legislación, dar continuidad al proceso legislativo para, en su caso, considerar aprobar dictamen que admite reformas a la Ley General de Salud en materia de plaguicidas y regulación de bioinsumos.
