• Por primera vez en SLP, el organismo internacional recibe oficialmente la petición para proteger los derechos humanos de Francisca Reséndiz Lara, y los derechos laborales de las y los trabajadores del SITTGE que sufren abusos por parte del gobierno estatal.
• La CIDH registró la petición con el número P-1059-22, e iniciará una investigación contra funcionarios estatales y federales que violentaron los derechos humanos de la afectada, y de las y los agremiados al sindicato, pudiendo emitir recomendación contra el Estado Mexicano.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibió la petición para la protección de los derechos humanos, civiles y políticos de la tesorera del Sindicato Independiente de Trabajadores y Trabajadoras de Gobierno del Estado (SITTGE), Francisca Reséndiz Lara, por la permanente violencia de género y reiteradas violaciones a sus garantías individuales cometidas por el Gobierno del Estado de San Luis Potosí y por el Gobierno de México en su contra, con lo que la Comisión iniciará una investigación por tales delitos e ilegalidades, informó el representante jurídico del Sindicato, Francisco Parra Barbosa.
Refirió que es la primera vez que en la entidad potosina se realiza tal procedimiento ante el referido organismo internacional, quién lo aceptó y registró con el número P-1059-22 el ocho de junio, por encontrar elementos que comprueban la persecución política, violencia de género, actos de intimidación, hostigamiento, discriminación y represión que el gobierno estatal, y el gobierno federal mantienen contra Reséndiz Lara, y las y los agremiados al organismo sindical, porque el Estado Mexicano les negó y niega el acceso a la justicia, y no les respetó, ni respeta el debido proceso, explicó.
Por su parte, Francisca Reséndiz Lara refirió que se acudió al organismo internacional, porque agotaron todas las instancias legales en México, las cuales actuaron doblegadas a intereses del poder estatal y del poder federal, violentando sus derechos humanos y ejerciendo violencia de género por ser mujer, así dijo que la intervención de la CIDH “nos da una luz en ese túnel oscuro de la impotencia por la injusticia” que se dio por la falta de estado de derecho que la perjudicó, desde su participación en el pasado proceso electoral, la persecución política que sufrió y por abusos laborales contra las y los agremiados.
Refirió que el gobierno estatal se muestra insensible ante las necesidades de sus propias empleadas y empleados, ejerciendo el recurso público en banalidades, destacando que con la petición ante el CIDH “se abren otras puertas” como la Organización Internacional del Trabajo, para denunciar ahí los despidos ilegales, abuso laboral y acoso que sufren las y los agremiados, adelantando que integra un expediente con apoyo de la Federación Sindical Mundial (FSM), “hay una violación a mis derechos humanos, y un hostigamiento por el simple hecho de ser Francisca Reséndiz, y de defender a los trabajadores”, dijo.
Aclaró que en forma independiente, siguen las mesas de trabajo entre el gobierno del estado y el sindicato, centradas en el proceso del cumplimiento de los puntos de la minuta que se firmó entre ambas partes, pese a las resistencias de funcionarios estatales para resolver problemáticas laborales generales y particulares, incluyendo la reinstalación de las y los despedidos, el cese del hostigamiento a personal discapacitado de seguridad pública, el pago de adeudos y la atención a los acuerdos previos, donde dijo se tienen pocos resultados palpables.
Parra Barbosa refirió que la CIDH al iniciar las investigaciones, realizará visitas al gobierno estatal y al gobierno federal, para entrevistar a las, los funcionarios y actores políticos denunciados en la petición, así como a Reséndiz Lara, y a las y los trabajadores afectados, para acopiar más información con la que sustenten la emisión de una posible recomendación contra el Estado Mexicano, que de aceptarse por éste, los obliga a resarcir los daños que causaron, pero de negarse, la petición puede llegar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde pueden sancionarlos penal y administrativamente.
Indicó que entre las sanciones, se puede destituir al titular del poder ejecutivo de San Luis Potosí, porque en lugar de defender y proteger los derechos humanos de la población, se dedica a violentarlos, “esperamos que el gobernador asuma su responsabilidad y respetar los derechos humanos de Reséndiz Lara, y los derechos laborales de las y los burócratas”, añadió que de igual forma, la Corte como tribunal internacional, puede obligar al titular del poder ejecutivo federal a respetar la ley, añadió que con la FSM pedirá medidas precautorias a favor de la afectada, ante posibles represalias de los denunciados.
La petición ante la CIDH fue presentada por la Defensoría Ciudadana de Derechos Humanos Ponciano Arriaga Segunda Procuraduría de Pobres de San Luis Potosí, parte del Asociación Civil Movimiento por San Luis Potosí.
