AMLO se lanzó este viernes en contra del periodista, en un acto que fue considerado por otros comunicadores como un “exceso” y una “venganza” por la investigación por Latinus y MCCI, que reveló que el hijo del presidente, José Ramón López Obrador, y su esposa Carolyn Adams, ocuparon entre 2019 y 2020, una residencia que perteneció a Keith Schilling, un alto ejecutivo de la compañía Baker Hughes, la cual tiene contratos con el actual gobierno por más de USD 151 millones en obras para Petróleos Mexicanos (Pemex).
A lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador difundió en su conferencia matutina los supuestos ingresos que obtuvo el periodista Carlos Loret de Mola en 2021, violando el artículo 16 constitucional, referente al derecho de confidencialidad de datos personales, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI) ya se pronunció al respecto.
A través de un comunicado, el órgano autónomo señaló la noche de este viernes que se mantiene atento a la posible o eventual denuncia que pueda presentar el periodista, “por considerar que su derecho de datos personales fue vulnerado”.
En este sentido, el instituto hizo un llamado a los servidores públicos a respetar la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, la cual establece principios y deberes en la que esta información debe ser tratada por parte de las autoridades.
Lo hecho por el Presidente contrapone, en una primera instancia, a lo establecido por la Constitución Mexicana de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 16, el cuál refiere a la protección de datos personales.
¨Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros¨.
Asimismo, el presidente podría ser acusado de infringir la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Entre varios artículos, se destaca el 32 junto a sus fracciones I y II, pues habla de las medidas de seguridad que deberá adoptar el responsable al considerar el riesgo y la sensibilidad de los datos tratados.
