La fundadora del SITTGE, y presidenta de la A.C Movimiento por San Luis, Francisca Reséndiz Lara denunció al gobernador, Ricardo Gallardo Cardona por el despido ilegal de 72 empleados estatales, también que a los policías discapacitados se les está obligando a prestar labores de seguridad al gobernador, ya que violenta el marco legal laboral nacional, e internacional, incumpliendo los Convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo.
Dijo que quiere obligar a 146 policías discapacitados a realizar labores de seguridad pública, a fin de que presente acusación formal ante la Organización Internacional del Trabajo.
En el evento mundial de la Conferencia Internacional Virtual Latinoamericana Caribeña de la Federación Sindical Mundial, donde participaron organismos gremiales de siete países, precisó que el mandatario estatal “violenta el derecho humano al trabajo decente, como demanda la Organización Internacional del Trabajo, con lo que se violan los Convenios 87 y 98 del organismo mundial, así como la Ley Federal del Trabajo de México, e incumplir la normatividad laboral estatal.
“Los trabajadores vivimos un clima de hostigamiento, violencia y discriminación laboral, despidos ilegales por parte del gobierno del estado, que asumió el cargo apenas el 26 de septiembre del mes pasado… Hago una denuncia pública en contra del gobernador, Ricardo Gallardo Cardona, por violar flagrantemente la normatividad laboral mexicana, y tratados internacionales en detrimento de los derechos humanos y laborales de las y los burócratas potosinos”, aseveró Reséndiz Lara.
El pronunciamiento de la sindicalista potosina fue respaldado por la vice presidenta de la Unión Internacional Sindical de Servicios Públicos, organismo que organizó el evento, Perpetua Mejía Echevarría para llevar la denuncia ante los referidos organismos internacionales, recibiendo el apoyo de los sindicatos de siete países que participaron en la citada Conferencia.
“Vamos a mandar un documento, solidarizándonos y exigiendo que se respete el derecho de las trabajadores y trabajadoras de San Luis Potosí”, dijo la sindicalista peruana, tras rechazar la violación a los derechos humanos y laborales que sufren las y los empleados estatales por parte del gobierno potosino, destacando su solidaridad a las y los afectados, así como compartiendo la exigencia de que cesen tales violaciones a sus derechos humanos y laborales.
