San Luis Potosí se encuentra entre los 18 estados con mayores deficiencias en sus penales.
El estado de San Luis Potosí cuenta con seis centros penitenciarios, con una capacidad de recibir a 3 mil 474 reclusos, estos se dividen en mil 734 para la población sentenciada y mil 740 para aquellos que están en proceso.
Del 2019 hasta la actualidad, se han encontrado distintas anomalías y/u observaciones en los distintos centros de readaptación social de San Luis Potosí, con datos arrojados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) que muestran a 184 unidades que presentaron anomalías derivadas de auditorías.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) presentó el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2020, en los resultados de 18 estados, incluído San Luis Potosí, se obtuvo una calificación promedio entre 6 y 7.60.
Entre las deficiencias detectadas con mayor incidencia fueron: las relativas a la insuficiencia de personal, la insuficiencia de actividades laborales y de capacitación, deficientes en condiciones materiales, equipamiento e higiene de las áreas de dormitorios, deficiente separación entre procesados y sentenciados, insuficiencia de programas para la prevención de adicciones y de desintoxicación voluntaria, presencia de actividades ilícitas y deficiencia en los servicios de salud.
También se detectó la falta de prevención y atención a incidentes violentos, cobranza indebida e incluso la detección de un autogobierno dentro del mismo centro de reinserción social.
En las personas mayores de edad también se encontró una falta de atención, insuficiencia de actividades laborales, de capacitación, educativas y deportivas.
Ahora con la pandemia, éste grupo de población reclusa se ve mayormente afectado, pues la deficiente alimentación, la ausencia de limpieza, agua potable, instalaciones sanitarias inapropiadas, espacios humanamente inhabitables, lo vuelve mayormente susceptible al contagio y propagación del virus.
Los adultos mayores se encuentran en gran desventaja para adoptar medidas de higiene básicas y las acciones dictadas para implantar una sana distancia en comparación con las que están instauradas en la población general, dado que no les garantiza los derechos de salud, de integridad personal por ser personas privadas de su libertad.
