Amnistía Internacional (AI) alertó que México se dirige «hacia el abismo» en lo que respecta a los derechos humanos, debido a la impunidad que rodea a los responsables de feminicidios y la militarización de la vida pública, entre otras razones.
La organización presentó estas preocupaciones en el informe titulado ‘México: ¿En camino hacia el abismo en derechos humanos?’, preparado para el Examen Periódico Universal (EPU) de México ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El EPU es un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos que todos los países miembros de la ONU deben enfrentar cada cinco años, y evalúa el estado de las libertades fundamentales.
Amnistía Internacional destaca que, desde el último EPU en 2018 hasta mayo pasado, se han registrado 20,292 asesinatos de mujeres, aunque resalta que solo se investigaron 5,065 casos como presuntos feminicidios.
A pesar de activar 25 Alertas de Violencia de Género en 22 estados, la impunidad persiste en las investigaciones de feminicidios, advierte la organización.
El informe también expresa preocupación por las deficiencias en las investigaciones, como la pérdida de pruebas, la falta de investigaciones adecuadas, la omisión de una perspectiva de género y las amenazas a las familias de las víctimas.
Otro tema que genera alarma es el respeto a la protesta social, ya que las autoridades más altas, incluido el presidente Andrés Manuel López Obrador, estigmatizan la lucha de periodistas y defensores de los derechos humanos que cuestionan las acciones del Gobierno.
La organización también califica al sistema de justicia penal como un «mecanismo de disuasión para quienes protestan», especialmente en temas como el medio ambiente o la tierra, y destaca que México es uno de los países más peligrosos del mundo para los periodistas.
En realidad, 2020 y 2022 fueron años de los más mortíferos para la profesión periodística, con 19 y 13 profesionales asesinados respectivamente, según Amnistía Internacional.
El informe también critica la «estrategia de seguridad pública fuertemente militarizada» impulsada por el gobierno de López Obrador y señala el papel de la Guardia Nacional (GN) como «una de las diez instituciones con más denuncias por violaciones de derechos humanos», con mil 200 demandas presentadas entre 2019, año de su creación, y 2022.
Aunque inicialmente López Obrador concibió la GN como un cuerpo civil, su control depende de David Córdova Campos, un militar retirado. En 2022, la GN pasó a depender de la Secretaría de la Defensa Nacional, aunque la Suprema Corte de Justicia anuló esta transferencia.
La participación de las fuerzas en la vida pública ha aumentado la probabilidad de que una persona sea víctima de tortura sexual durante su detención y ha fomentado la falta de verdad, transparencia y rendición de cuentas, afirma la ONG.
En respuesta a este análisis, Amnistía Internacional propone que México fortalezca la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para que cumpla con los Principios de París que rigen estas instituciones. También sugiere que el país reconozca la magnitud de la crisis de feminicidios y transmita el mensaje de que estos actos ya no serán tolerados ni quedarán impunes, asegurando la reparación integral a las familias de las víctimas.
Para abordar la disidencia política, se propone la creación de un marco jurídico que garantice el derecho a la protesta.
Además, AI urge al Gobierno mexicano a elaborar un plan para retirar las fuerzas armadas de las tareas de seguridad pública y administrativas antes de 2028.
El informe fue presentado por la directora ejecutiva de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Lucía Chávez; la directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, Edith Olivares, y la especialista en Análisis e Incidencia de Amnistía Internacional, Angélica de Anda.
