Este 17 de octubre marca el quinto aniversario del llamado «Culiacanazo», un operativo fallido que dejó a la ciudad de Culiacán bajo el control temporal del crimen organizado. Lo que comenzó como un intento del gobierno federal para capturar a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín «El Chapo» Guzmán, derivó en una de las jornadas más violentas que el país ha presenciado en los últimos años. Este evento no solo reveló la fuerza que aún conserva el Cártel de Sinaloa, sino que expuso la vulnerabilidad de las autoridades federales frente al poder del crimen organizado.
Ese fatídico jueves, cerca de las 14:00 horas, imágenes de camionetas circulando con hombres armados por las calles de Culiacán comenzaron a viralizarse en redes sociales. El despliegue del crimen organizado fue una respuesta inmediata al operativo militar que había logrado capturar momentáneamente a Ovidio Guzmán. Sin embargo, la magnitud de la violencia ejercida por el Cártel de Sinaloa obligó a las autoridades a liberar al capo, evitando una escalada aún mayor en los enfrentamientos y priorizando, según el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, la seguridad de los ciudadanos.
Durante más de 24 horas, la ciudad quedó paralizada bajo el fuego cruzado, con escenas de balaceras, vehículos incendiados y calles desiertas. Comercios cerrados, familias atrincheradas en sus hogares y una atmósfera de temor dominaron Culiacán, mostrando un estado donde las autoridades locales y federales parecían haber perdido el control.
El primer “Culiacanazo” dejó una cicatriz profunda en la sociedad sinaloense. Más de 200 asesinatos se han registrado desde septiembre de este año como consecuencia de la guerra entre facciones del Cártel de Sinaloa, comandadas por los hijos del Chapo y por Ismael «El Mayo» Zambada. A pesar de la captura y extradición de Ovidio Guzmán en enero de 2023, la violencia no ha cesado.
El caos no es solo violencia, sino también una profunda crisis económica. Sectores productivos de la ciudad han sido impactados de manera brutal. Comercios, bares y restaurantes han intentado mantenerse a flote organizando «tardeadas» y modificando sus horarios ante el temor de nuevos enfrentamientos.
Desde 2019, diversos actores sociales, empresarios y activistas han pedido a las autoridades la implementación de políticas públicas enfocadas en la recuperación de la paz. Miguel Taniyama, exlíder de la cámara de restauranteros, ha sido una de las voces que más ha insistido en la necesidad de una respuesta más contundente frente a la ingobernabilidad. Según Taniyama, la situación de Culiacán refleja un «Estado fallido», donde el crimen organizado no solo desafía a las autoridades, sino que controla aspectos clave de la vida diaria.
Además, el Consejo Estatal de Seguridad Pública en Sinaloa, junto a otros sectores, ha presentado una serie de demandas al gobierno federal. Entre ellas, la declaración de una emergencia económica para la entidad, con programas de apoyo para las pequeñas y medianas empresas que han sido severamente afectadas.
A cinco años del operativo que expuso las limitaciones del gobierno federal, la situación en Culiacán no ha mejorado de manera significativa. La violencia persiste, la presencia de la policía municipal ha sido eliminada, y el miedo sigue siendo una constante en la vida cotidiana de los habitantes.
El gobierno federal sigue bajo la sombra de aquel operativo fallido, y la sociedad sinaloense continúa esperando una estrategia efectiva que recupere la paz en la región. La guerra entre facciones del crimen organizado sigue cobrando vidas, y mientras tanto, la capital de Sinaloa permanece sumida en una especie de «Culiacanazo» permanente, con una sensación de incertidumbre que parece no tener fin.
El aniversario del Culiacanazo no solo es un recordatorio de un operativo fallido, sino una llamada de atención urgente para que la seguridad en Sinaloa deje de ser una promesa vacía.
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