La noche del pasado 10 de noviembre, un ataque armado en el bar «Bling Bling», ubicado en Cuautitlán Izcalli, dejó un saldo trágico de 6 personas fallecidas. Tras el incidente, las autoridades realizaron un operativo que culminó con la detención de al menos 10 personas, entre ellas una mujer. Sin embargo, familiares de los arrestados aseguran que el operativo fue ilegal y que sus seres queridos fueron detenidos sin pruebas.
A 48 horas de la masacre, se desplegaron fuerzas federales y estatales, incluyendo a elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), la Marina, la Secretaría de Seguridad y la Defensa Nacional. Las detenciones se llevaron a cabo en la localidad de San Francisco Tepojaco, en un operativo que los familiares describen como violento y arbitrario. Los detenidos fueron trasladados en vehículos blindados tipo rino a la Fiscalía de Asuntos Especiales en Toluca, pese a los intentos desesperados de los familiares por impedir el traslado.
Los familiares de los detenidos acusan que el operativo careció de órdenes de aprehensión y que se realizó sin pruebas que vinculen a los detenidos con los hechos. Además, denuncian que las autoridades irrumpieron en una reunión familiar posterior al funeral de dos de las víctimas, Octavio Mayen e Isaac Márquez, donde supuestamente detuvieron a familiares sin ninguna justificación, incluyendo al hermano gemelo de Mayen y un primo de Márquez.
Los afectados también señalaron que durante el operativo, los agentes confiscaron teléfonos celulares y sometieron violentamente a las personas, dejándolas tiradas en el suelo. Ante estas denuncias, los familiares han advertido que planean movilizarse este miércoles para exigir justicia y la liberación de los detenidos.
Fuentes de la FGJEM confirmaron que las detenciones se realizaron por posesión de drogas y que se trató de arrestos en flagrancia, aunque no ofrecieron más detalles sobre la vinculación de los detenidos con la masacre en el bar «Bling Bling». Hasta ahora, las autoridades no han respondido a las acusaciones de los familiares sobre el supuesto uso excesivo de la fuerza y la falta de órdenes de arresto.
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