Políticos debemos estar abiertos al escrutinio público: Diputado Rubén Guajardo Barrera

Dice el dicho el que nada debe, nada teme, y resulta jocoso que ahora los morenistas quieran aumentar las multas por injurias al Presidente de la República Mexicana, hacerlo es sembrar la opacidad y seguir abonando a la Ley Mordaza.

Dice el dicho el que nada debe, nada teme, y resulta jocoso que ahora los morenistas quieran aumentar las multas por injurias al Presidente de la República Mexicana, hacerlo es sembrar la opacidad y seguir abonando a la Ley Mordaza.

Como figuras públicas todos deben estar dispuestos a atender la opinión y la crítica, ningún funcionario debe ser más o menos, aunque se trate del presidente de nuestro país, consideró el diputado del segundo distrito local por el Partido Acción Nacional, PAN, Rubén Guajardo Barrera.

Lo anterior luego de que en la Comisión de Gobernación del Congreso de La Unión, hayan avalado una modificación al artículo 33 de la Ley de Delitos sobre la Imprenta que data del año de 1917, para favorecer las Multas por Injurias al Presidente, se propone un pago dos o tres veces mayor a lo que ya se paga, que serían unos 4 o 5 mil pesos.

«Hay que recordarle a los Morenistas que están proponiendo esta multa o sanción económica, que la libertad de expresión en México y el mundo, es un derecho humano universal, y que esta modificación que están proponiendo, atenta contra los profesionales de la comunicación y constituye una violación al derecho a la Libertad de Información, misma que cuenta con diversos instrumentos jurídicos. Establecer esta multa, sería un preocupante retroceso de la Libertad de Prensa que de por sí, atraviesa por una grave crisis, que se ve reflejada en los asesinatos de periodistas y en el cierre de casas editoras en nuestro país».

En octubre de 2022 la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, evidenció un aumento de asesinatos de periodistas, así como la intensificación de persecución criminal y judicial de periodistas en México, así que establecer este instrumento legal atentaría contra el acceso a la información, la rendición de cuentas, transparencia y hasta en la seguridad de quienes contribuyen a la democratización de este país.

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