REVELADOS INTERESES DEL «ACTIVISTA» ANTISISTEMA LUIS GONZÁLEZ LOZANO.

En 2018 utilizó su cargo en CEDH para defenderse de proceso legal en su contra

No es casualidad que la organización Cambio de Ruta, en voz de su presidente Luis González Lozano, un día y al siguiente también, lance duras críticas, algunas de ellas sin sustento alguno, en contra de la administración Estatal, pues el activista tiene intereses más allá de su actividad como dirigente de dicha organización.

Resulta que González Lozano, de profesión abogado y que además forma parte del Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, está casado con la prima del nada bien recordado exalcalde capitalino, Francisco Xavier Nava Palacios, quien además de inhabilitado, ha fracasado al tratar de revivir el Frente Cívico Potosino al cual ya le fue negado su registro ante el órgano electoral local.

La esposa del activista, Bárbara Zermeño Nava, también es prima de la directora de Vinculación de la capital en tiempos de Nava Palacios, Verónica Alvarado Zermeño, quien resultó uno más de los casos de nepotismo ocurridos durante la administración que tanto daño hizo a la capital y que por su fracaso, dio paso al triunfo de Enrique Francisco Galindo Ceballos, quien ha tenido que lidiar y resolver los problemas que le dejó la maldita herencia navista.

González Lozano es un ácido crítico de la administración estatal actual en temas como ecología y derechos laborales, e incluso se ha ofrecido para promover demandas colectivas contra el Gobierno por el caso del servicio médico, tema por el cual, el Gobierno del Estado intenta poner orden dada la irregularidad que significa que los sindicalizados gocen tanto del servicio público como privado, lo que genera a los potosinos un pago doble.

Cabe recordar que, en 2018, González Lozano fue denunciado por la entonces titular de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental de San Luis Potosí, Yvette Salazar Torres, quien lo acusó por usurpación de funciones, robo de documentos y sabotaje.

Entonces, el abogado recurrió a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), en un acto de claro conflicto de intereses, toda vez que en ese entonces él formaba parte de la Comisión y puso todo el aparato de este órgano autónomo para defenderse del proceso legal en su contra.

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